"No hay plan B". Esa es la sentencia que repite cada uno de los protagonistas del proceso de privatización de IMPSA, la mega empresa orgullo técnico del país y de Mendoza en otros tiempos con exportaciones de alta tecnología al mundo, sobre todo en generación de energía y hasta de producción de componentes nucleares, que fue estatizada en medio de su crisis y hoy en proceso final de privatización. La advertencia tiene sentido: si falla el proceso de privatización, la Nación o la provincia deberán abrir la billetera para mantener a la empresa funcionando, algo que ya han rechazado terminantemente, o caso contrario, afrontar una crisis.

IMPSA podría convertirse dentro de 10 días en la primera privatización del Gobierno de Javier Milei. Todos los deberes ya fueron hechos para concretar el proceso de venta del 63,72 % de las acciones que tiene el Estado Nacional y el 21,2 % que posee Mendoza. Alfredo Cornejo ya hizo votar en la Legislatura local la autorización para la venta de las acciones.

No hubo ruidos en esa decisión y fue específicamente por una causa conocida por todos en Mendoza: ni la Nación, ni la provincia quieren poner un peso más en la empresa si esta no se vende. De ahí que sea indispensable que dentro de 10 días, cuando se abran los pliegos que compraron los interesados en quedarse con IMPSA, alguno de los oferentes cumpla con los requisitos mínimos establecidos para la venta.

De ahí que tome sentido la advertencia sobre que "no hay plan B". Si no se privatiza IMPSA, alguien tendrá que poner la plata para que los 700 empleados cobren sueldos y la empresa continúe trabajando. Son los mismos puestos de trabajo que se intentó salvar con la estatización de la empresa, un proceso que, como muchos otros, terminó con problemas letales de financiamiento.

Desde Buenos Aires el Gobierno repite: "no hay plata". En los pasillos del Ministerio de Economía confirman que la Nación no pondrá un solo peso si la privatización se trunca por alguna razón. Por estas horas sobra nerviosismo y faltan certezas, sobre todo en Mendoza, porque desde la Capital Federal todos apuntan a la provincia. El razonamiento es simple: si la privatización falla y Mendoza no quiere un conflicto con IMPSA, la plata para los sueldos tendrá que ponerla la provincia. La gobernación no quiere ni oir hablar de esa posibilidad. Ya pusieron US$5 millones para mantenerla funcionando y el Gobierno de Alfredo Cornejo aun esta viendo como hacerse de esos fondos de nuevo.